Oriol Junqueras y ERC han convertido su apoyo al decreto de vivienda del Gobierno central en una operación de máximos. El partido republicano ha trasladado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un pliego de cinco exigencias que considera innegociables para dar luz verde a la norma, prevista para su aprobación este martes en el Consejo de Ministros. Entre las condiciones más destacadas figuran una ampliación de los topes al precio del alquiler y la extensión de la prórroga obligatoria de los contratos hasta dos años.

La jugada de ERC responde a una lógica política bien conocida: el partido de Junqueras, socio parlamentario imprescindible del Gobierno en varias iniciativas legislativas, busca rentabilizar su posición para trasladar a su electorado que presiona desde la izquierda en materia social. El decreto de vivienda se ha convertido así en otro escenario de negociación forzada, en el que el Ejecutivo deberá decidir si cede en parte o arriesga una nueva derrota parlamentaria.

Cinco condiciones para un sí que no está garantizado

La lista de requisitos que ERC ha puesto sobre la mesa va más allá de ajustes técnicos: implica modificaciones sustanciales en el alcance del decreto tal y como lo ha diseñado el Gobierno. Además de la ampliación de los topes al alquiler y la prórroga de dos años en los contratos, los republicanos plantean otras tres medidas cuyo detalle no ha trascendido en su totalidad, pero que apuntan en la misma dirección de endurecer las obligaciones para los propietarios y ampliar la protección a los inquilinos.

El Govern de la Generalitat, gobernado por Salvador Illa con el PSC, observa esta negociación desde una posición incómoda: cualquier acuerdo entre Sánchez y ERC sobre materia de vivienda afecta directamente a Catalunya, donde la tensión en el mercado del alquiler es especialmente aguda en la región metropolitana de Barcelona. ERC, por su parte, intenta apropiarse del debate sobre la vivienda asequible en un momento en que el partido atraviesa una profunda crisis de liderazgo e identidad tras los resultados electorales de 2024.

El Gobierno central, necesitado de los votos republicanos para sacar adelante el decreto por la vía de urgencia, se enfrenta al dilema habitual: aceptar condiciones que pueden generar resistencias en otros socios o en el propio sector, o rechazarlas y afrontar el fracaso de una norma que lleva meses gestándose. No es la primera vez que ERC utiliza este tipo de palanca; también lo hizo en la tramitación de los Presupuestos Generales y en varias prórrogas de decretos ómnibus.