El Tribunal Supremo ha acordado aplicar la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, y ha levantado la inhabilitación que pesaba sobre los cuatro dirigentes independentistas condenados por los hechos del 1 de octubre de 2017. La sala presidida por Manuel Marchena ha tomado esta decisión tras acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenaba amnistiar el delito de malversación vinculado al referéndum ilegal.

El Constitucional había fallado previamente que la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes en 2024 resultaba aplicable a la malversación derivada del procés, anulando así la interpretación restrictiva que el Supremo había mantenido durante meses. Con ese pronunciamiento vinculante sobre la mesa, Marchena no ha tenido margen para resistir y ha procedido a ejecutar lo ordenado.

El efecto práctico: rehabilitación política plena

El levantamiento de la inhabilitación supone que Junqueras, Turull, Bassa y Romeva recuperan de forma inmediata su capacidad para ejercer cargos públicos y presentarse a elecciones. Para Junqueras, que había sido condenado a trece años de inhabilitación, la resolución elimina el principal obstáculo legal que le impedía reincorporarse a la primera línea política. Turull, actual secretario general de Junts, ya ocupaba su cargo orgánico, pero la amnistía despeja cualquier limitación institucional pendiente.

La malversación era el único delito que el Supremo se había negado a amnistiar, al considerar que los procesados habían obtenido un enriquecimiento personal. El Constitucional rechazó esa interpretación y estableció que no hubo beneficio privado, lo que obligaba a aplicar la amnistía también a ese capítulo de la condena.

Un recorrido judicial marcado por la tensión entre tribunales

El choque entre el Supremo y el Constitucional sobre la amnistía ha sido uno de los episodios de mayor tensión institucional de los últimos años en la justicia española. Marchena había sostenido durante meses que la ley no era aplicable a la malversación tal como había sido cometida, y llegó a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La respuesta del TJUE, y posteriormente el fallo definitivo del Constitucional, cerraron esa vía de resistencia.

La condena original del Supremo, dictada en octubre de 2019, impuso a Junqueras la pena más alta: doce años de prisión y trece de inhabilitación. Bassa fue condenada a doce años de prisión y doce de inhabilitación; Romeva y Turull, a doce años de prisión y doce de inhabilitación cada uno. Todos ellos fueron indultados en junio de 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que les permitió salir de prisión, pero la inhabilitación seguía vigente hasta ahora.