El grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución que cerró la comisión de investigación sobre la dana. El dictamen final, aprobado con los votos de PP y Vox, fue rechazado por los socialistas mediante un voto particular que la mayoría desestimó. Ahora, el PSPV traslada el conflicto a la vía constitucional.

En el recurso, el partido denuncia la vulneración de dos derechos fundamentales recogidos en el artículo 23 de la Constitución: el derecho de los representantes públicos al ejercicio de su cargo —en su vertiente de control parlamentario— y el de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes electos. Ambas vulneraciones, según los socialistas, tienen su origen en decisiones adoptadas durante la tramitación de la propia comisión.

Pradas y Suárez nunca respondieron preguntas ante las Corts

Una de las quejas centrales del recurso es que la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas y el subdirector general de Emergencias Jorge Suárez no comparecieron directamente ante la comisión autonómica. En su lugar, se incorporaron al expediente las transcripciones de sus intervenciones en la comisión equivalente del Congreso de los Diputados. Para el PSPV, esa sustitución privó a los diputados valencianos de la posibilidad de interrogar a estos responsables con preguntas propias, solicitar aclaraciones y confrontarles con la documentación específica recabada por las Corts, cuyo objeto de investigación —la gestión autonómica de la emergencia— difiere del seguido en Madrid.

El segundo eje del recurso apunta a las conclusiones del dictamen. Los socialistas sostienen que el texto final desplazó el foco de la fiscalización política desde la Generalitat hacia la Administración General del Estado, lo que a su juicio desnaturaliza la función de control de un parlamento autonómico, cuyo ámbito competencial se circunscribe por definición a las actuaciones de sus propias instituciones.

El PSPV pide retrotraer la investigación y celebrar las comparecencias pendientes

La petición formal al Constitucional es la declaración de nulidad de la Resolución 406/XI de las Corts Valencianes y la retroacción de las actuaciones al momento anterior a las vulneraciones detectadas. En la práctica, eso equivale a reclamar que la comisión retome su actividad e incluya los interrogatorios que, a juicio del PSPV, fueron indebidamente impedidos, entre ellos el de la propia Salomé Pradas. La parlamentaria socialista Alicia Andújar señaló que el partido agotará todas las vías jurídicas y parlamentarias disponibles para que el dictamen quede sin efecto. La dana del 29 de octubre de 2024 causó la muerte de 232 personas en la Comunitat Valenciana.