José Luis Rodríguez Zapatero no ha conseguido convencer a la justicia del origen de las joyas intervenidas en su despacho el pasado 19 de mayo. Tanto el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de la investigación sobre el caso Plus Ultra, como la Fiscalía Anticorrupción albergan serias dudas sobre su versión, según fuentes próximas al procedimiento.

El expresidente aseguró, tras varios meses de silencio, que las alhajas eran un obsequio personal que el rey Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en La Moncloa con motivo de su visita oficial a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007. La defensa argumenta que, al haber transcurrido casi dos décadas desde esa supuesta donación, el delito estaría prescrito.

Dos razones concretas para el escepticismo judicial

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a dos motivos que alimentan las suspicacias. El primero es la demora en ofrecer cualquier explicación: el día del registro, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, llegó a decir a los agentes de la UDEF que las joyas procedían de una herencia de la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa. Solo tres semanas después el juez amplió los cargos para incluir delito fiscal y contrabando, al no constar declaración alguna de esos bienes ante Hacienda. Cuando Zapatero compareció como investigado, prometió aclaraciones en una semana o diez días; no se produjeron hasta que el magistrado le concedió un plazo perentorio de 72 horas, ya en septiembre.

El segundo motivo es que, transcurridos cuatro meses desde el hallazgo, el expresidente no ha aportado ningún documento oficial que certifique la donación. Al no obtener respuesta de la embajada de Arabia Saudí a través de una carta, la defensa ha pedido al juez que sea él quien reclame esa información mediante una comisión rogatoria. Las fuentes jurídicas rechazan este planteamiento: la carga de la prueba recae sobre el investigado, no sobre el tribunal.

Una valoración aún provisional y una pericial pendiente

La joyería Ansorena, designada por el juez como perito inicial, tasó las alhajas en 1,3 millones de euros. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que el valor real actual podría ser superior, por lo que ha solicitado un nuevo informe a la joyería Yanes antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. El juez Calama espera ese dictamen y el posterior informe fiscal para decidir qué hacer con la petición de comisión rogatoria, que las mismas fuentes califican de planteamiento «rocambolesco».

El caso tiene su origen en la investigación por un presunto tráfico de influencias relacionado con la concesión de un rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El hallazgo de las joyas durante el registro del despacho de Zapatero abrió una línea paralela sobre su patrimonio no declarado que, por el momento, no encuentra respaldo documental en la versión del propio interesado.