Ada Colau ha lanzado este domingo un ultimátum público al espacio político de Sumar: si el PSOE no da un giro real en su política de vivienda, la formación debería abandonar el Gobierno de coalición. La exalcaldessa de Barcelona, figura de referencia de los comuns en Catalunya, utilizó una contundencia poco habitual para exigir una rectificación al partido socialista, al que acusó de «cobardía» en uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía.

«Se ha acabado», declaró Colau, descartando cualquier ambigüedad sobre su posición. En su opinión, resulta inaceptable que su espacio político continúe avalando con su presencia en el Consejo de Ministros una gestión que considera claramente insuficiente en materia de acceso a la vivienda. La advertencia se produce en un momento en que la tensión interna dentro de la coalición entre el PSOE y Sumar ha ido in crescendo, precisamente alrededor de esta cuestión.

Una presión que sitúa a Sumar ante un dilema político de fondo

El mensaje de Colau no es un comentario al margen: representa la voz de uno de los pesos pesados del ecosistema de la izquierda alternativa catalana, y apunta directamente a la dirección de Yolanda Díaz. La pregunta que deja en el aire su intervención es si Sumar —que actualmente ocupa varios ministerios— tiene voluntad real de hacer de la vivienda una línea roja o si, por el contrario, seguirá priorizando la estabilidad gubernamental frente a sus propias exigencias programáticas.

La política de vivienda se ha convertido en uno de los ejes de mayor fricción entre los socios de gobierno. El acceso a la compra y al alquiler se ha deteriorado de forma sostenida en las principales ciudades españolas, y en Barcelona de manera especialmente acusada. Colau, que gobernó la ciudad durante dos mandatos y convirtió la regulación del alquiler en una de sus banderas, conoce bien el terreno y sabe que el tema tiene capacidad de movilización electoral.

Con esta declaración, la exalcaldessa fuerza a Sumar a posicionarse públicamente y, de paso, le recuerda que su legitimidad ante el electorado de izquierdas depende de ser algo más que un socio cómodo del PSOE. Si la formación morada no traslada esa exigencia a Pedro Sánchez con consecuencias reales, corre el riesgo de perder credibilidad precisamente en el colectivo que más le importa: los votantes jóvenes y los inquilinos en apuros.