Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes porque el Congreso no le dejó intervenir todavía más en el mercado del alquiler. La campaña va a ir de vivienda, y hace bien en elegir el tema: es lo que quita el sueño a media España. El problema no está en el tema. Está en quién lo trae. Desde 2023, el presidente ha anunciado unas 267.000 viviendas. Si se hubieran construido todas, no estaríamos hablando de esto. Hablaríamos de fútbol.

En Cataluña no hace falta hacer un ejercicio de imaginación para saber qué pasa cuando se aplica la Ley de Vivienda. Somos el laboratorio. Nos tocó ser los primeros, con el entusiasmo de dos gobiernos: lo puso en marcha el Govern de ERC en marzo de 2024 y lo ha abrazado con fervor el de Salvador Illa. Tanto, que la ministra Isabel Rodríguez ha llegado a decir que las políticas de vivienda de Illa son “inspiradoras y lideran el cambio”. Así que hablemos del cambio.

Lo que dicen los números

Desde marzo de 2024 el precio del alquiler está topado en 271 municipios catalanes, donde vive el 90% de la población. Casi toda Cataluña, vaya. La promesa era sencilla: alquileres más baratos y más accesibles.

Primero, la oferta. En 2023 había en Cataluña unas 154.600 viviendas en alquiler. A principios de 2026 quedaban unas 96.700. Ha desaparecido más de un tercio del mercado. Por el camino, se firma uno de cada cuatro contratos menos que hace dos años.

Segundo, la cola. Por cada piso que sale a alquilar en Cataluña hay 355 interesados. La media española es de 141. Quien haya buscado piso últimamente en Sabadell, en Girona, en Reus, en Mataró o en Lleida sabe que no es una estadística. Es un casting. Es mandar quince mensajes un lunes y que el viernes no te haya contestado nadie. Es presentarte a la visita con la nómina, el contrato indefinido, el aval de tus padres y, si hace falta, una carta de recomendación del párroco.

Tercero, el precio, que era la gran promesa. Según el Incasòl, que es de la propia Generalitat, los nuevos contratos en zonas tensionadas subieron un 3,7% en el último año. En Barcelona la media ya está en 1.137 euros al mes, un 4,6% más que hace un año. Eso sí, por menos casa: la superficie media de los pisos de los nuevos contratos regulados ha bajado de 75 a 71 metros cuadrados. Pagamos casi lo mismo por un piso más pequeño. En mi pueblo eso no se llama “contener precios”. Se llama hacer el bocadillo más fino. Y no es cosa solo de Barcelona: el alquiler medio ya ronda los 960 euros en la demarcación de Barcelona, los 680 en la de Girona, los 590 en la de Tarragona y los 510 en la de Lleida. En Alella, el municipio más caro de Cataluña, se acerca a los 1.800 euros al mes.

Y cuarto, la fuga. Quien pudo, se pasó al alquiler de temporada, que no estaba topado. Los contratos temporales crecieron un 45% en 2024. ¿La respuesta del Govern? Topar también el temporal, en vigor desde enero de este año. Es la lógica de siempre: cuando una norma no funciona, no se revisa la norma. Se hace otra más grande. Y cuando esa tampoco funcione, ya habrá una tercera.

Lo que dicen ellos

Frente a esto, el discurso oficial es de una placidez admirable. La ministra Rodríguez lo resumió así hace un año y medio: “Decían que era imposible bajar precios y mantener los contratos, y lo hemos logrado.” En el Congreso añadió que la ley “funciona”. Sánchez, este verano, fue más lejos y aseguró que en Barcelona se está aplicando la ley sin afectar a la oferta. Que se lo digan a los 355 de la cola.

La consellera Sílvia Paneque se declaraba en junio “satisfecha”, porque el tope ha evitado un crecimiento “exponencial” de los precios. Lo interesante viene cuando se le escapa la verdad. En una entrevista reconoció que han visto “fugas” hacia el alquiler temporal que pueden encubrir contratos permanentes. Y explicó, con toda naturalidad, que la Generalitat compra pisos a grandes tenedores que prefieren vender porque, con el tope, la rentabilidad ya no les compensa. Es decir: el tope expulsa pisos del alquiler, y la Administración presume de comprarlos después con nuestro dinero. Como dicen en Andalucía, eso es hacer un pan como unas tortas.

Hay una frase de Paneque que sí suscribo entera: “Estamos en una Cataluña de ocho millones pero pensada para seis.” Ese es el diagnóstico correcto. Lo que no entiendo es que, con ese diagnóstico, la receta sea repartir mejor la escasez en lugar de acabar con ella.

Lo que prometió Sánchez

Vamos con las promesas, que es donde el presidente se mueve como pez en el agua. En 2021 el objetivo era “construir” 100.000 viviendas durante su mandato. En la campaña de 2023 la cifra subió a “habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible”. Después vinieron 43.000 más, luego los cuarteles, luego 40.000 para el parque asequible, y en febrero de este año un fondo para 15.000 viviendas al año, sin fecha.

¿Cuántas se han entregado? Ni siquiera los verificadores lo saben: Maldita.es concluyó que no hay datos públicos de viviendas construidas y entregadas. Del plan de 15.000 viviendas industrializadas al año, se están construyendo unas 5.000. Y el objetivo de rehabilitar 510.000 viviendas con fondos europeos se ha quedado en 32.390.

Las 184.000 viviendas de Sánchez son como el que tiene un tío en Graná: ni tiene tío ni tiene ná.

Las leyes de vivienda tienen una virtud: quedan muy bien en un mitin. Tienen también un defecto: las pagan otros.

Las paga el chaval de 28 años de Terrassa, de Manresa o de Vilanova que cobra 1.400 euros, que no encuentra nada y que acaba en una habitación compartida o en casa de sus padres. Las paga la pareja joven de Girona o de Tarragona que no puede ahorrar para la entrada porque el alquiler, el que consigue, se le come el sueldo. Y las paga también el pequeño propietario, el jubilado que heredó un piso o que lo compró con mucho esfuerzo para completar una pensión corta. Hace tiempo que este Gobierno lo trata como sospechoso. Ese señor no es un fondo buitre. Es tu vecino. Y si le pones delante un tope, un índice, una prórroga forzosa y una okupación que tarda dos años en resolverse, hará lo que haría cualquiera: vender, o dejarlo vacío antes de meterse en un lío.

No es ideología. Es sentido común. Si haces que alquilar sea un mal negocio, habrá menos gente alquilando. Lo raro sería lo contrario.

Cataluña, al igual que el resto de Comunidades, tiene las competencias en vivienda y debe ejercerlas con criterio propio, no como escaparate de un experimento que se diseña en Madrid para ganar elecciones en el resto de España. Pero el catalanismo serio, el de toda la vida, siempre fue de construir: de levantar Cataluña con ladrillo, con industria y con orden. No de repartir lo poco que hay.

Lo que necesitamos no es un tope más. Necesitamos suelo, y lo necesitamos ya. Necesitamos licencias que no tarden dos años en salir de un ayuntamiento. Necesitamos que el propietario sepa que, si le dejan de pagar o le ocupan el piso, la justicia responderá en semanas y no en años. Necesitamos colaboración público-privada de verdad, sin tratar al promotor como un enemigo. Y necesitamos vivienda pública que se construya y se entregue, con llaves y con fecha, no que se anuncie en cada campaña y desaparezca hasta la siguiente.

Y necesitamos honestidad. La de reconocer que una medida no ha funcionado y corregirla, en lugar de taparla con otra.

En Cataluña ya hemos visto esta película. Conocemos el guion, los actores y el final. No es lo mismo predicar que dar trigo. Y después de tres años de sermones, lo que necesitamos, por fin, es trigo.