El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso relevante en la instrucción del caso Begoña Gómez al remitir a la Fiscalía Europea la pieza separada que investiga la adjudicación de un contrato público al empresario Juan Carlos Barrabés. La decisión, conocida este domingo, supone trasladar a una instancia supranacional una rama del procedimiento que hasta ahora se ventilaba en los juzgados españoles.

Barrabés es un empresario tecnológico que, según la investigación judicial, fue recomendado por Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— en distintos contextos. El contrato bajo escrutinio en esta pieza separada habría contado con financiación o vinculación comunitaria, lo que justificaría la competencia de la Fiscalía Europea, organismo creado precisamente para perseguir los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea, competente cuando hay fondos comunitarios en juego

La Fiscalía Europea —conocida por sus siglas en inglés, EPPO— tiene atribuciones para investigar y perseguir fraudes contra el presupuesto de la UE, corrupción y otras conductas que comprometan los fondos europeos. Que Peinado haya optado por elevarle esta pieza concreta indica que, a su juicio, el contrato analizado tiene una dimensión que trasciende el ámbito puramente nacional.

La decisión judicial amplía el foco de una investigación que desde su apertura ha generado una intensa controversia política. El Gobierno de Sánchez ha cuestionado en repetidas ocasiones la actuación del juez Peinado, tachando el procedimiento de persecución política. Sin embargo, el traslado a un organismo europeo independiente dificulta ese relato: la Fiscalía Europea no responde a los poderes ejecutivos nacionales y opera con plena autonomía respecto a los gobiernos de los estados miembros.

La pieza separada sobre el contrato a Barrabés es solo una de las líneas abiertas en el procedimiento principal. El empresario ya había sido identificado en la causa como beneficiario de una recomendación de Begoña Gómez para otros proyectos, circunstancia que el juez considera relevante a efectos de determinar si hubo tráfico de influencias o actuaciones irregulares en la contratación pública.