Claves
- La joven moderaba contenido violento para Meta en Barcelona entre 2022 y 2025
- Se quitó la vida el pasado domingo y su familia anuncia acciones legales contra la empresa
- Meta ya fue condenada a pagar 52 millones a moderadores en EE.UU. por daños psicológicos similares
- La moderación de contenidos es una de las actividades laborales con mayor impacto en salud mental
La familia de una joven que trabajaba como moderadora de contenidos para Meta en Barcelona ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la compañía después de que la muchacha se suicidara el pasado domingo. La joven prestó servicios en la sede de Meta ubicada en la torre Glòries desde 2022 hasta febrero de 2025, con la función específica de revisar y eliminar material violento de las plataformas del grupo tecnológico.
La moderación de contenidos es una de las tareas más psicológicamente exigentes del sector tecnológico. Quienes la ejercen están expuestos de forma continuada a imágenes y vídeos de extrema violencia, abusos sexuales, torturas y otros materiales perturbadores, lo que en múltiples estudios ha sido vinculado con trastornos de estrés postraumático y otras patologías de salud mental. Pese a ello, las grandes plataformas han externalizado históricamente esta función a través de empresas subcontratadas, con condiciones laborales que distintos tribunales y organizaciones de trabajadores han cuestionado en varios países.
Un litigio que se suma a los que ya acumula Meta por sus moderadores
El caso barcelonés no es el primero de estas características al que se enfrenta Meta. La compañía de Mark Zuckerberg ya llegó a un acuerdo extrajudicial en 2020 por valor de 52 millones de dólares con más de once mil moderadores en Estados Unidos que alegaban haber desarrollado trastornos psicológicos graves como consecuencia directa de su trabajo. En Kenia, un tribunal ordenó en 2023 la reapertura de un caso similar, y en Europa la presión regulatoria sobre las condiciones de estos trabajadores ha ido en aumento desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.
La familia de la joven fallecida no ha detallado públicamente el fundamento jurídico concreto de la demanda, pero este tipo de litigios suelen apoyarse en la responsabilidad del empleador —o de la empresa beneficiaria del servicio, en casos de externalización— por no haber garantizado un entorno de trabajo seguro desde el punto de vista de la salud mental, incluyendo protocolos de apoyo psicológico adecuados y límites en la exposición a material traumático.