La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha emitido una instrucción formal en la que ordena a los fiscales delegados de las comunidades autónomas que intervengan de manera activa cuando una autonomía se niegue o dilate la acogida de menores migrantes no acompañados derivados desde Ceuta. El documento establece un protocolo de actuación escalonado que culmina, en caso de resistencia, con la advertencia explícita de posibles responsabilidades legales para la administración autonómica que incumpla.

La instrucción llega en un momento de tensión política abierta en torno a la gestión de los menores que llegaron solos a Ceuta durante las jornadas del 30 y 31 de julio. La Policía ha identificado los datos de 1.342 jóvenes procedentes de esas entradas masivas. Su futura distribución entre comunidades autónomas, conforme al mecanismo de reubicación creado en marzo de 2025, ha generado una confrontación directa entre el Gobierno central y varios ejecutivos autonómicos gobernados por PP y Vox, que han expresado su rechazo al sistema.

Un protocolo de intervención fiscal en tres fases

Según la instrucción de la Fiscalía, el procedimiento se activa desde el momento en que el fiscal de la sección de menores en el lugar de destino tiene conocimiento de un traslado inminente. Desde ese punto, debe exigir a la entidad pública autonómica competente que designe, con urgencia, el recurso de acogida más adecuado. Esta designación debe comunicarse tanto a la Sección de Menores del lugar de origen como a la consejería autonómica responsable, antes de que se efectúe el traslado.

Si la comunidad receptora muestra reticencias o directamente rechaza la acogida, el fiscal del lugar de origen debe trasladar a su homólogo de destino tanto la resolución de reubicación como las alegaciones del rechazo. A partir de ahí, el fiscal de destino está obligado a incluir en su requerimiento la advertencia recogida en el real decreto de julio de 2025 que regula el sistema de derivación, que apunta a las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento, y a ejercer las acciones legales que correspondan.

El sistema de derivación, bajo presión política

El mecanismo de reubicación puesto en marcha en marzo de 2025 nació con el objetivo declarado de aliviar a las comunidades con mayor presión migratoria, especialmente Canarias y Ceuta. Sin embargo, su aplicación práctica ha topado con la oposición frontal de varias comunidades gobernadas por el centroderecha, que cuestionan tanto la legalidad del sistema como la capacidad real de sus recursos de acogida para absorber nuevos menores.

La instrucción de la Fiscalía supone, en la práctica, el intento de convertir en obligación ejecutable lo que hasta ahora había quedado en una disputa política sin consecuencias formales para las administraciones renuentes. Al vincular el incumplimiento a posibles responsabilidades jurídicas, el Ministerio Público eleva la presión sobre los ejecutivos autonómicos que han optado por la desobediencia administrativa, sin que hasta el momento se haya producido ninguna actuación judicial al respecto.