La llegada masiva de migrantes a Ceuta durante el verano ha actuado como detonante de una nueva ofensiva política en Bruselas. Varios estados miembros de la Unión Europea están impulsando con renovada energía una propuesta que permitiría suspender el derecho a solicitar asilo cuando un país alegue encontrarse ante una situación de emergencia migratoria. El debate se ha trasladado formalmente al Consejo de la UE, reunido en Luxemburgo.

El bloque impulsor de esta iniciativa lo encabezan Alemania, Grecia y Austria, tres países con gobiernos o coaliciones en los que el ala más restrictiva en materia migratoria ha ganado peso en los últimos años. Su argumento es que la legislación europea vigente no ofrece herramientas suficientes para gestionar situaciones de presión migratoria excepcional, y que la posibilidad de suspender temporalmente el procedimiento de asilo es una respuesta proporcionada a esas circunstancias.

Ceuta, el argumento que ha acelerado el pulso en Bruselas

El episodio de Ceuta ha proporcionado al sector más conservador del Consejo un caso concreto con el que justificar sus posiciones ante el resto de socios. La entrada masiva de personas por la frontera de la ciudad autónoma española se ha convertido en la referencia recurrente en los debates técnicos y políticos en Luxemburgo, donde los defensores de la suspensión del asilo argumentan que situaciones similares podrían reproducirse en cualquier frontera exterior del bloque.

La propuesta, sin embargo, choca frontalmente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con los compromisos adquiridos por los estados miembros en virtud de la Convención de Ginebra de 1951. Organizaciones de defensa de los derechos humanos llevan semanas advirtiendo de que cualquier mecanismo de suspensión generalizada del asilo supondría una violación de obligaciones internacionales de las que la UE no puede desvincularse unilateralmente.

Un Pacto de Migración que ya era compromiso y vuelve a cuestionarse

El debate llega en un momento especialmente delicado para la política migratoria europea. El Pacto de Migración y Asilo, acordado con gran dificultad entre el Parlamento Europeo y el Consejo, incluyó ya medidas de gestión en situaciones de crisis que algunos estados consideraron insuficientes desde el primer día. La nueva presión de Berlín, Atenas y Viena apunta precisamente a ir más allá de lo que ese pacto contempla, lo que abriría un nuevo frente de tensión entre los estados más restrictivos y aquellos del sur y el norte de Europa más apegados al marco garantista vigente.

España, que comparte con la UE la gestión de la frontera de Ceuta y Melilla, no ha fijado todavía una posición pública clara ante esta ofensiva, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha tendido históricamente a alinearse con los países que defienden el mantenimiento de las garantías de asilo frente a los que abogan por su restricción.