El robo de cable en la red ferroviaria española se ha disparado en 2026 hasta el punto de que Adif ha tenido que presentar 409 denuncias en apenas los seis primeros meses del año, una cifra que roza el récord histórico de 462 denuncias que el propio gestor registró a lo largo de todo 2025. El dato más llamativo de este ejercicio es la concentración geográfica del problema: el 37,8% de todos los casos denunciados apuntan a Cataluña, que vuelve a encabezar el mapa del robo ferroviario con una proporción que supera con claridad su peso histórico en el cómputo acumulado desde 2018, cuando representaba el 27,7% del total.

El impacto de estos robos no es meramente económico. La sustracción de cable afecta de forma directa a los sistemas de gestión del tráfico ferroviario —señalización, comunicaciones y control de circulación—, lo que se traduce en interrupciones del servicio que castigan a decenas de miles de viajeros. Adif ha confirmado que está reforzando la vigilancia en los puntos de mayor incidencia, aunque no ha precisado ni el número de efectivos desplegados ni el coste de esas medidas adicionales.

Cataluña concentra casi cuatro de cada diez robos denunciados este año

Más allá del liderazgo histórico de Cataluña, la distribución territorial de 2026 muestra un patrón de concentración más acusado que en años anteriores. Aragón ocupa el segundo lugar con el 23,1% de los casos, seguido del País Vasco con el 6,9% y Castilla-La Mancha con el 6,2%. La comparativa con los datos acumulados desde 2018 —donde Andalucía (11,6%), Madrid (9,4%) y Castilla-La Mancha (7,3%) repartían más el peso— sugiere que el foco delictivo se ha desplazado o intensificado en el eje catalano-aragonés durante este ejercicio, aunque Adif no ha explicado públicamente las causas de ese desplazamiento.

La serie histórica dibuja una tendencia que debería haber servido de aviso. Tras tocar fondo en 2020 con 121 denuncias, los robos repuntaron con fuerza en 2021 (279), alcanzaron 392 en 2022 y, después de dos años de ligero descenso —360 en 2023 y 345 en 2024—, 2025 registró el peor dato desde que Adif lleva este recuento, con 462 casos. El ritmo de 2026 apunta a superar esa marca si no se frena la tendencia en el segundo semestre.

El Gobierno propone reformar el Código Penal, pero los plazos quedan en el aire

La respuesta del Ministerio de Transportes pasa por modificar el artículo 240 del Código Penal para endurecer las penas por este tipo de sustracción. La propuesta está anunciada, pero por el momento no hay un calendario legislativo concreto ni un texto articulado que permita evaluar el alcance real de la reforma. Mientras tanto, el servicio ferroviario sigue expuesto a interrupciones causadas por una actividad delictiva que, en lo que va de año, ya supera en términos estadísticos todo lo registrado en doce meses completos de 2024.

La situación plantea preguntas legítimas sobre la coordinación entre Adif y los Mossos d'Esquadra en Cataluña, comunidad que concentra casi dos quintas partes del problema nacional. La eficacia de esa colaboración y la capacidad del Govern para articular respuestas preventivas en su territorio son variables que la evolución de las denuncias en el segundo semestre pondrá a prueba.