El Gobierno español ha aprobado una transferencia de 25 millones de euros destinada a Ceuta con el objetivo de garantizar la atención a los menores migrantes que han llegado a la ciudad autónoma en los últimos días procedentes de Marruecos. La medida busca dar respuesta inmediata a una situación de emergencia humanitaria que desborda la capacidad de acogida del territorio.

La ministra competente en la materia, Saiz, ha aprovechado el anuncio para lanzar un llamamiento explícito a las comunidades autónomas, señalando su deber de corresponsabilidad en la acogida de estos niños y adolescentes. El mensaje no ha eludido a los gobiernos autonómicos del Partido Popular, a los que ha interpelado directamente para que se sumen al esfuerzo de distribución.

La presión sobre el sistema de protección de menores

La llegada masiva de menores no acompañados en un período de tiempo reducido pone en evidencia las limitaciones estructurales del modelo actual de acogida, que recae de forma desproporcionada sobre los territorios de entrada —especialmente Ceuta, Melilla y Canarias— sin que exista un mecanismo de reparto obligatorio y efectivo entre el conjunto de comunidades. Los 25 millones inyectados desde el Ejecutivo pretenden cubrir los costes inmediatos de alojamiento, alimentación y asistencia, pero no resuelven el debate de fondo sobre cómo distribuir la responsabilidad a largo plazo.

El Gobierno central lleva meses presionando para que las autonomías gobernadas por el PP acepten cupos de menores tutelados, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo. La negativa de varios presidentes autonómicos populares a asumir esos traslados ha generado un bloqueo que el Ejecutivo ha querido visibilizar con este nuevo episodio, utilizando el anuncio de la transferencia económica como palanca política.