Tres semanas después de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, el balance de víctimas mortales ha vuelto a crecer y alcanza ya los 4.829 fallecidos, según el recuento presentado este miércoles por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana. La cifra supone 95 nuevas muertes respecto al balance anterior y confirma que la catástrofe sigue acumulando víctimas mientras las labores de retirada de escombros continúan en las zonas más afectadas.

La doble sacudida —de magnitudes 7,2 y 7,5— golpeó especialmente el estado de La Guaira, en el litoral norte del país, que concentra la mayor parte de los daños. El número de heridos se mantiene estable en 16.740, y casi 18.000 personas han perdido su vivienda a consecuencia de los seísmos. A ello se suma que más de 20.800 damnificados permanecen alojados en 106 campamentos transitorios habilitados por las autoridades.

Más de 1.200 réplicas y edificios derrumbados en La Guaira

Desde la jornada del desastre, el territorio venezolano ha registrado 1.284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una magnitud de 3,9 y se localizó en Naiguatá, dentro del propio estado de La Guaira. En cuanto a las infraestructuras, los datos oficiales contabilizan 856 edificios con daños y 190 que han colapsado por completo, una cifra que refleja la magnitud estructural del impacto.

En el plano habitacional, el Gobierno venezolano ha puesto en marcha un censo biométrico para cuantificar con precisión las viviendas necesarias, aunque las estimaciones preliminares apuntan a unas 25.000. Rodríguez adelantó el fin de semana que la jefa de Estado —la presidenta encargada Delcy Rodríguez, hermana del propio presidente parlamentario— tiene previsto entregar las primeras 200 unidades antes de que concluya esta semana.

Gobierno y oposición acuerdan un plan conjunto a partir del 1 de agosto

En un giro que contrasta con la habitual confrontación política en Venezuela, el Ejecutivo y un sector opositor encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera han llegado a un acuerdo para impulsar, desde el próximo 1 de agosto, un plan de trabajo conjunto orientado tanto a reforzar la democracia como a gestionar las consecuencias del desastre sísmico. El alcance real de ese entendimiento y su capacidad de traducirse en ayuda efectiva para las víctimas están aún por determinar.