El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado formalmente las órdenes de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, al tiempo que ha dejado constancia expresa en una resolución de que no comparte el criterio del Tribunal Constitucional que obliga a aplicarles la amnistía por el delito de malversación vinculado a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Llarena dictó el auto al resolver el recurso de reforma interpuesto por la acusación popular, ejercida por Vox, contra su decisión previa de levantar esas órdenes. La resolución fue tomada en cuanto el juez conoció la sentencia del TC que amparaba a la exconsellera Dolors Bassa, pronunciamiento que resulta extensible al resto de los líderes independentistas encausados. Las órdenes de detención quedaron anuladas desde ese mismo día.

Obligación sin compartir el criterio

En el auto, el magistrado subraya que la doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse aunque no se compartan sus fundamentos, y reconoce expresamente esa obligación. Añade, sin embargo, que su discrepancia no condiciona ni retrasa el cumplimiento de lo resuelto por el alto tribunal de garantías. La clave del desacuerdo radica en la interpretación del delito de malversación: tanto Llarena como la Sala de lo Penal del Supremo entendieron que los encausados obtuvieron un beneficio patrimonial al hacer recaer sobre fondos públicos gastos que, de otro modo, habrían tenido que asumir personalmente. El TC, con ponencia de su presidente Cándido Conde Pumpido, consideró que esa interpretación vulneraba tres artículos de la Constitución y que la ley de amnistía solo excluye los casos de corrupción ajenos a la preparación del proceso soberanista.

El paso siguiente: la Sala de Enjuiciamiento

Llarena, en todo caso, no será el encargado de aplicar definitivamente la amnistía a Puigdemont. Esa decisión corresponderá a la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal Supremo, que previsiblemente recibirá la próxima semana el sumario una vez el instructor lo dé por concluido. Ese trámite de conclusión del sumario es el paso previo imprescindible para que la Sala pueda archivar la causa y dejar sin efecto el procedimiento por malversación. El auto de Llarena todavía puede ser recurrido ante la Sala de lo Penal del Supremo.

Puigdemont, que reside en Bélgica desde 2017, ha indicado en varias ocasiones que no regresará a España hasta que el Supremo aplique la amnistía de forma firme y definitiva.