La Cámara de Diputados italiana dio luz verde este jueves a una reforma electoral de gran calado promovida por la primera ministra Giorgia Meloni, con 227 votos a favor frente a 164 en contra. La nueva ley, que entrará en vigor antes de las próximas elecciones generales previstas para 2027, introduce un mecanismo de escaños adicionales para el partido o coalición que obtenga más votos, con el objetivo declarado de garantizar mayorías parlamentarias estables.

El núcleo del cambio es la llamada «prima de gobernabilidad»: el bloque político más votado recibiría un paquete extra de representantes en la cámara que le aseguraría una mayoría absoluta, independientemente del resultado porcentual real. La consecuencia directa es que el futuro gobierno salido de las urnas en 2027 dispondría también de la capacidad de elegir al próximo presidente de la República, un cargo que en Italia tiene funciones de árbitro institucional y cuya elección históricamente ha requerido amplios consensos transversales.

La oposición denuncia un diseño a medida para perpetuar al actual gobierno

Los partidos de la oposición —encabezados por el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas— han calificado la reforma de antidemocrática, argumentando que altera las reglas del juego a poco más de un año vista de las elecciones y en favor exclusivo del bloque de centroderecha que lidera Meloni. Los críticos señalan que concentrar en el ganador tanto la mayoría parlamentaria como la influencia sobre la presidencia de la República supone una acumulación de poder sin precedentes en la historia republicana italiana.

El ejecutivo, por su parte, defiende la reforma como una respuesta a la histórica inestabilidad gubernamental italiana: desde 1948, el país ha tenido más de sesenta gobiernos, y Meloni argumenta que la fragmentación parlamentaria ha lastrarado la capacidad del Estado para acometer reformas de fondo. La nueva ley buscaría, según sus promotores, acercar el modelo italiano a los sistemas de gobierno más estables de su entorno europeo.

La norma llega en un momento en que las encuestas siguen otorgando a la coalición de Fratelli d'Italia, Lega y Forza Italia una ventaja considerable sobre una oposición de centroizquierda que no ha logrado articular un frente unificado. El timing legislativo no ha pasado desapercibido para analistas y medios europeos, que advierten del riesgo de que una reforma electoral aprobada por quienes tienen más probabilidades de beneficiarse de ella quede marcada por un déficit de legitimidad, más allá de su legalidad formal.