Claves
- El Gobierno confirma la subida del 4,5% para funcionarios en 2027, pero sin fijar fecha de aprobación
- CCOO, UGT y CSIF piden que el decreto se tramite antes de las elecciones generales del 29-N
- Los sindicatos reclaman además la eliminación de la tasa de reposición y la revisión de los complementos de residencia
- Función Pública estudia sancionar, incluso con el cese, a gestores que incurran en abuso de temporalidad
El Ejecutivo ha ratificado ante los sindicatos su voluntad de aplicar la subida salarial del 4,5% prevista para 2027 en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público, pero sin concretar la fecha exacta en que lo llevará al Consejo de Ministros. Así lo trasladaron este martes CCOO, UGT y CSIF tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de dicho acuerdo.
El pacto salarial, cerrado en 2025, establecía una escala de incrementos: un 2,5% fijo ese mismo año, un 1,5% fijo más un 0,5% variable ligado al IPC en 2026, y el 4,5% fijo que ahora está pendiente de tramitación para 2027. El ministro para la Función Pública, Óscar López, no ofreció un calendario concreto en la reunión, lo que ha generado la respuesta inmediata de las tres centrales.
Los sindicatos piden que el decreto llegue antes de las elecciones del 29-N
Tanto UGT como CSIF han advertido de que la subida debe aprobarse antes de los comicios generales del 29 de noviembre para evitar que la convocatoria electoral provoque retrasos en su aplicación. CCOO ha sido más directa y ha exigido al Gobierno que concrete públicamente cuándo tiene previsto aprobar la medida.
Más allá de los salarios, los sindicatos han aprovechado la reunión para reclamar que se cumplan otros compromisos pendientes del mismo acuerdo. UGT ha reclamado la revisión de los complementos de residencia e insularidad, que considera imprescindible para cubrir plazas en determinados territorios. CCOO ha añadido a esa lista la eliminación de la tasa de reposición, la mejora de las condiciones del personal en el Servicio Exterior y la implantación de la jubilación anticipada parcial para funcionarios y personal estatutario, además de exigir que se completen los procesos de estabilización todavía abiertos.
CSIF, por su parte, ha reclamado que las indemnizaciones por residencia se actualicen antes de que acabe el año y ha avanzado que Función Pública trabaja en una reforma para definir legalmente el abuso de temporalidad, con un régimen sancionador que incluiría el cese de los gestores responsables. El sindicato también ha situado como prioridades la mejora del mutualismo administrativo y la actualización de los permisos de conciliación.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.
