Claves
- El Gobierno aprobará dos reales decretos para crear 500 plazas de juez y 200 de fiscal en 2027
- Catalunya recibirá 94 nuevas plazas judiciales y 47 de fiscal, las mayores asignaciones del país junto a Andalucía
- El coste por plaza se reduce de 500.000 a 100.000 euros gracias a la reforma de la oficina judicial
- La inversión total será de 55 millones, frente a los 260 que habría costado el modelo tradicional
El Consejo de Ministros aprobará este martes la tramitación urgente de dos reales decretos que crearán 500 nuevas plazas de juez y 200 de fiscal para el año 2027, según han informado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La medida supone un incremento del 7,8% de la planta judicial española y del 6,6% de la plantilla del Ministerio Fiscal.
De las 500 plazas judiciales previstas, 172 corresponderán a la jurisdicción civil, 109 a la social y 69 a la penal. Se crearán también 87 plazas para órganos mixtos, 42 de adscripción territorial, 11 especializadas en violencia sobre la mujer, 6 en violencia contra la infancia y la adolescencia, 8 para nuevas presidencias de Tribunales de Instancia y 4 en la Audiencia Nacional.
Catalunya y Andalucía, las más beneficiadas en términos absolutos
Por distribución territorial, Andalucía y Catalunya encabezarán el reparto de plazas judiciales con 94 nuevas posiciones cada una, seguidas de Madrid con 74 y la Comunitat Valenciana con 53. En el caso de la fiscalía, Catalunya liderará el incremento con 47 nuevas plazas, lo que representa un aumento del 9,9% de su plantilla actual. Andalucía sumará 31 fiscales y Madrid, 26. En términos porcentuales, Canarias será la comunidad con mayor crecimiento relativo en fiscales: 13 nuevas plazas que suponen un alza del 8,9%.
Un ahorro de más de 200 millones frente al modelo anterior
El Ministerio de Justicia atribuye la viabilidad económica de esta ampliación a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia dotados de una única oficina judicial compartida. Bajo este modelo, cada plaza judicial tiene un coste de aproximadamente 100.000 euros, frente a los 500.000 euros del sistema precedente. En conjunto, las 500 plazas requerirán una inversión de unos 55 millones de euros, en contraste con los 260 millones que habría supuesto crearlas según el esquema anterior.