El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido al paso de la incertidumbre que rodea el futuro de SEAT en Catalunya comprometiéndose a movilizar todos los recursos a su alcance para preservar los puestos de trabajo en caso de que el grupo Volkswagen decida cerrar o desmantelar la actividad de la marca en territorio catalán. La declaración, breve pero cargada de implicaciones, sitúa a la Generalitat en posición de interlocutora directa con la multinacional alemana en un momento en que el sector del automóvil europeo atraviesa una de sus crisis estructurales más profundas de las últimas décadas.

Según ha trasladado el propio Illa, mantiene un contacto que él mismo califica de «permanente» con los máximos responsables de Volkswagen presentes en Catalunya. Esa línea abierta con la dirección del grupo es, por el momento, la principal baza que el Govern pone encima de la mesa ante una situación que aún no ha desembocado en ninguna decisión formal, pero que genera una inquietud creciente entre los miles de trabajadores vinculados directa e indirectamente a la factoría de Martorell.

SEAT, el mayor empleador industrial de Catalunya

La planta de Martorell es el corazón manufacturero de SEAT y uno de los pilares del tejido industrial catalán. Alrededor de ella orbitan decenas de empresas auxiliares y proveedoras cuya actividad depende en gran medida de los pedidos de la marca. Una eventual desaparición o reducción drástica de la producción tendría un impacto en cadena sobre el empleo y la economía de todo el cinturón industrial del Baix Llobregat y el Vallès Occidental, lo que convierte el asunto en una cuestión de primera magnitud para cualquier gobierno catalán con independencia de su color político.

El contexto en el que se producen estas declaraciones no es menor: Volkswagen lleva meses sometido a una intensa presión por la caída de ventas en Europa, la transición forzada hacia la electrificación y los elevados costes laborales en sus plantas alemanas. La dirección del grupo ha abierto debates internos sobre reestructuraciones que han generado alarma incluso en Alemania, lo que alimenta los temores de que las decisiones corporativas acaben afectando también a las instalaciones en España.

Illa no ha concretado qué instrumentos utilizaría el Govern ni qué tipo de compromisos ha obtenido —o pretende obtener— de Volkswagen. La promesa de hacer «todo lo que haga falta» es una declaración de intenciones políticamente necesaria, pero en ausencia de detalles sobre mecanismos concretos —ayudas públicas, acuerdos de mantenimiento de empleo, reconversión industrial— queda por ver si la Generalitat dispone de palancas reales suficientes para influir en una decisión que, en último término, se tomará en Wolfsburgo.