La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto un procedimiento sancionador contra el medio digital catalán La Directa por haber desvelado la identidad de varios policías nacionales que operaron de manera encubierta en entornos independentistas y antisistema en Cataluña durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023. La propuesta de multa asciende a 7.000 euros y fue conocida este miércoles a través de un comunicado de la asociación Irídia, vinculada a la defensa de los derechos civiles.

El caso tiene un recorrido previo: en una primera valoración, la AEPD desestimó las denuncias presentadas por cuatro de los funcionarios afectados. Sin embargo, el organismo revisó su posición y acabó reabriendo el expediente, lo que derivó en la actual propuesta de sanción. La agencia considera que difundir datos personales de agentes de la Policía Nacional —incluidos los alias utilizados durante las infiltraciones— vulnera la normativa de protección de datos, con independencia del contexto informativo en que se enmarque la publicación.

El medio defiende que ocultó parcialmente los datos identificativos

Desde La Directa arguyen que en sus informaciones solo se publicaron iniciales de nombres y apellidos, y que los rostros de los agentes fueron difuminados o tapados de forma parcial en las imágenes. El digital sostiene que sus investigaciones constituyen un ejercicio legítimo del periodismo de interés público, amparado por el derecho a informar. La resolución de la AEPD incluye además una orden de retirada parcial del material publicado, medida que el medio califica de ataque directo a la libertad de prensa.

La tensión entre el derecho a la información y la protección de datos de los funcionarios policiales es el nudo jurídico del caso. La agencia reguladora entiende que la identidad de un agente infiltrado —incluso bajo nombre ficticio— es un dato sensible cuya exposición pública genera un riesgo real para su seguridad, al margen de si la cobertura responde a un interés informativo legítimo o no.

Irídia presentará alegaciones y ya tiene un recurso pendiente ante el Constitucional

La asociación Irídia, que fue quien interpuso en su momento la primera querella penal relacionada con una de estas infiltraciones —procedimiento archivado por la justicia y recurrido ante el Tribunal Constitucional en 2025—, anunció que presentará alegaciones contra la decisión de la AEPD. El caso judicial paralelo también encontró obstáculos: la Audiencia de Barcelona rechazó investigar penalmente a uno de los policías bajo el argumento de que sentirse engañado por un agente encubierto no constituye delito de abuso sexual, según recoge la resolución.

La confluencia de estos frentes —el sancionador administrativo y el penal archivado— dibuja un escenario en el que tanto las pretensiones del medio como las de los agentes afectados han chocado con límites distintos del ordenamiento jurídico. La multa de 7.000 euros aún no es firme, dado que La Directa e Irídia tienen abierta la vía de alegaciones antes de que la AEPD dicte resolución definitiva.